Autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron ayer la detención de Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, quien fue pedido en extradición a finales del año pasado por el gobierno de Estados Unidos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, a través de sus redes sociales, posteó: “En estos momentos la Policía Nacional detiene a Francisco Roberto Cosenza Centeno de 65 años de edad”.
Al solicitado se le detuvo “por orden de extradición pendiente por suponerlo responsable de: 1) Conspiración para cometer lavado de activos; 2) lavado de activos; 3) transacciones derivadas de actos criminales”, escribió Sánchez Velásquez en su cuenta de “X”.
Para poder capturar al exfuncionario se realizaron varias operaciones de inteligencia y después de varios allanamientos donde se desplazaba Cosenza Centeno, indicó el ministro de Seguridad.
El exfuncionario había expresado semanas atrás su deseo de entregarse voluntariamente a las autoridades, algo que nunca ejecutó.
Cosenza Centeno fue solicitado en extradición por Estados Unidos, el 14 de diciembre del 2023.
EN SU CASA
El exfuncionario fue detenido en su casa, de la colonia Miraflores Sur, de Tegucigalpa, por agentes de la Dirección Policial AntiMaras, Pandillas y Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Luego de capturarlo lo trasladaron hasta un recinto policial, a bordo de una ambulancia porque padece de hipertensión y diabetes y hoy a las 8:00 de la mañana será trasladado a la Corte Suprema de Justicia, para el respectivo proceso.
Ayer Cosenza Centeno durmió en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), mejor conocido como Comando “Cobras”.
El hombre es requerido por la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, la cual lo acusa de los delitos de conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y participación de transacciones de bienes derivados de actividades criminales, mientras ejercía su cargo en la administración pública.
SOBORNOS
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza Centeno habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
En los reportes policiales se indica que los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente en Boca Ratón, Florida.
“Entre marzo del 2015 y aproximadamente noviembre del 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza Centeno”, se indicó.
“Todo para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de 10 millones de dólares (casi 250 millones de lempiras al cambio actual), precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza Centeno y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Y para ocultar los pagos de los sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza Centeno, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares (L4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza Centeno y otro funcionario hondureño para promover el plan.
INSTRUCCIONES DE JOH
En diciembre pasado y tras conocer la solicitud de extradición en su contra, el exadministrador de la Tasa de Seguridad declaró en una entrevista con el noticiario “Hoy Mismo” que su función en el cargo se limitó a cumplir órdenes.
“Completamente sorprendido, pues yo era una persona administrativa. Lo que yo recibía de parte del Comité de Seguridad (es) una instrucción donde me ordenaban comprar para todos los entes de seguridad, llámese Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía, CSJ y viceversa”, explicó el exfuncionario.
Amplió que “había encima mío un Comité que es el que tomaba la decisión de a quién se le iba a comprar y ordenaban una vez que ingresaban los productos, ordenaban los pagos al Banco Central”.
Este organismo era integrado por un director nombrado por el gobierno, otro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y un tercero representante de la sociedad civil, indicó.
Del mismo modo, Cosenza Centeno declaró que recibía órdenes de altos funcionarios del Estado. (JGZ)
