TEGUCIGALPA. Ebal Díaz, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, rechazó las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo incluyeron en la Lista Engel por supuestos actos de corrupción relacionados con la apropiación indebida de fondos destinados a la construcción de viviendas para las víctimas de los huracanes Eta e Iota.
Según Díaz, estas acusaciones están motivadas por intereses políticos.
En una carta publicada en su cuenta de X (@EbalDiazHn), Díaz calificó de “falsas” las afirmaciones de que habría desviado recursos públicos para beneficio personal, y acusó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de impulsar una campaña en su contra, la cual considera un caso de lawfare, es decir, un uso indebido del sistema judicial con fines políticos.
“Se me acusa y condena sin juicio previo ni derecho a la defensa. Se me señala de apropiarme indebidamente de fondos destinados a la reconstrucción de viviendas para los afectados por los huracanes”, expresó Díaz en su comunicado.
El exfuncionario aclaró que no ocupó el cargo de Secretario de la Presidencia hasta 2022, como se menciona en la acusación. Según Díaz, dejó el puesto en mayo de 2021 para cumplir con la ley electoral, ya que se postuló como candidato a diputado en las elecciones generales de ese mismo año.
Asimismo, negó que haya manejado directamente los fondos destinados a los programas de vivienda para los afectados por los huracanes.
Afirmó que los recursos fueron transferidos a otras unidades ejecutoras a través de la Secretaría de la Presidencia, pero subrayó que esto ocurrió después de su salida del cargo y que los fondos fueron ejecutados en su totalidad.
Díaz también enfatizó que, hasta la fecha, no existe ningún juicio en Honduras relacionado con estos fondos, ni en su contra ni en contra de otros funcionarios.
En su carta, aseguró que la información que llegó al Departamento de Estado proviene principalmente del CNA, que, según él, ha estado detrás de una serie de acusaciones basadas en motivaciones políticas y en su relación con grupos del Partido Demócrata de Estados Unidos.
“El CNA ha promovido en mi contra lawfare con el apoyo de agentes radicales del Partido Demócrata de Estados Unidos y sus aliados en Honduras, utilizando fondos públicos para justificar una lucha anticorrupción que, en realidad, busca intereses políticos y presupuestarios”, afirmó Díaz.
Finalmente, hizo un llamado a los legisladores estadounidenses, pidiendo que deroguen las leyes que, según él, exportan el lawfare a Centroamérica y perjudican la dignidad de los pueblos de la región bajo el pretexto de una falsa lucha contra la corrupción.
