REDACCIÓN. Un juez federal de Seattle bloqueó este jueves la aplicación de un decreto del presidente Donald Trump que recortaba el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándolo como «descaradamente inconstitucional».
El magistrado John Coughenour emitió una orden de restricción temporal que impide que el gobierno de Trump implemente la medida. Esta decisión fue tomada a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, quienes argumentaron que la orden vulneraba la Constitución.
El presidente republicano firmó el decreto el lunes, en su primer día en el cargo, el cual instruía a las agencias federales a negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos si sus padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
«Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que este decreto es constitucional», declaró el juez Coughenour, visiblemente sorprendido, durante una audiencia.
«Simplemente me deja perplejo», agregó, refiriéndose a los argumentos presentados por un abogado del Departamento de Justicia que defendía la orden de Trump.
Los fiscales generales de los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, quienes encabezaron la demanda, sostienen que el decreto viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
El juez calificó el decreto de «descaradamente inconstitucional» y emitió una orden de restricción temporal que bloquea su implementación en todo el país por 14 días, mientras evalúa si será necesario emitir un mandato judicial preliminar.
Esta orden ejecutiva, que se enfrenta a cinco demandas de organizaciones de derechos civiles y de fiscales generales de 22 estados, también ha sido criticada por su potencial impacto.
Según los estados demandantes, la medida afectaría a más de 150,000 niños nacidos cada año, quienes quedarían excluidos de la ciudadanía y enfrentarían la posibilidad de ser deportados, además de perder acceso a beneficios federales, números de la Seguridad Social y oportunidades laborales en el futuro.
La orden de Trump, si se llegara a implementar, afectaría a los niños nacidos después del 19 de febrero cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
Esto los excluiría de varios beneficios y derechos fundamentales, generando preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y líderes estatales.
