Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, comparecerá el próximo 11 de agosto ante una corte del Distrito Sur de Florida, donde tiene previsto admitir su culpabilidad por su participación en una trama de sobornos y lavado de dinero vinculada a contratos públicos por más de 10 millones de dólares.
Inicialmente, Cosenza se había declarado “no culpable”, pero decidió modificar su declaración tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Como resultado, la audiencia de juicio fue cancelada. Tres días antes de la nueva audiencia, la jueza Jacqueline Becerra recibirá el acuerdo de culpabilidad, una relación de los hechos aceptados por el acusado, y el documento con las penas posibles.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Cosenza otorgó contratos irregulares a empresas relacionadas con los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena. Entre las adjudicaciones señaladas figuran:
- $4.8 millones por uniformes a través de la empresa TASA
- $5.6 millones en otro contrato por ropa para policías
- $480,000 por lanzadores de gas lacrimógeno y municiones
- $7.5 millones en un tercer contrato de uniformes
Las autoridades estadounidenses alegan que estos contratos se utilizaron para disfrazar pagos ilegales como transacciones legítimas, utilizando cuentas bancarias en EE. UU., lo que permitió que el caso fuera procesado por tribunales estadounidenses.
El giro en la declaración de Cosenza sugiere que la evidencia reunida por la fiscalía es sólida y difícil de refutar. De confirmarse la declaración de culpabilidad, el caso avanzará hacia la etapa de sentencia, donde el exfuncionario podría enfrentar multas, restitución económica y cárcel.
Actualmente en libertad bajo fianza, Cosenza deberá continuar cumpliendo con las condiciones impuestas por la corte mientras espera la sentencia.
Este caso refleja la implicación de altos funcionarios hondureños en tramas de corrupción internacional y marca un nuevo ejemplo del alcance de la justicia estadounidense en delitos transnacionales.
