TEGUCIGALPA, HONDURAS—La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha interpuesto querellas que han puesto en la mira de la Fiscalía a tres periodistas del medio Unetv, un movimiento que, para muchos, marca un nuevo y preocupante capítulo en la vulnerabilidad de la libertad de prensa en Honduras.
Más allá de un simple conflicto legal, este caso se enmarca en un contexto de alta tensión y fisuras internas dentro del propio CNE. La consejera López ha sido protagonista de señalamientos públicos y controversias con otros consejeros, como lo evidencian recientes abandonos de sesiones y denuncias sobre supuestas presiones en procesos de contratación y licitaciones cruciales para el ente electoral.
La demanda contra los comunicadores, aunque específica en sus cargos, resuena como una respuesta directa y legalmente agresiva a la labor de fiscalización y crítica que los medios ejercen sobre las actuaciones y disputas dentro del CNE, una institución fundamental para la democracia.
🛡️ Libertad de Prensa Bajo Ataque: El Uso de la Querella como Arma
La inclusión de los tres periodistas en la lista de la Fiscalía, a raíz de las querellas de la consejera López, es percibida por amplios sectores como un claro intento de judicializar el ejercicio periodístico. Este patrón de utilizar la vía legal—específicamente, figuras como la difamación o calumnia—contra los comunicadores se ha convertido en una táctica recurrente en Honduras para silenciar voces críticas e imponer un clima de miedo en las salas de redacción.
La amenaza constante de enfrentar costosos y prolongados procesos judiciales tiene un impacto directo en la autocensura, llevando a los periodistas a abstenerse de investigar y publicar información sensible sobre funcionarios públicos.
La utilización de recursos estatales para perseguir a la prensa desdibuja la línea entre la defensa personal del funcionario y el acoso institucional al periodismo.
El Inquietante Silencio Gremial: ¿Dónde Está el CPH?
La crisis se agrava ante el «brillo por su ausencia» del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). En un momento donde la labor de tres profesionales se ve amenazada con la cárcel o multas significativas por hacer su trabajo, la falta de una postura firme, pública y beligerante por parte del gremio es interpretada como un abandono a sus agremiados.
El Colegio de Periodistas, cuya misión fundamental es la defensa de la libertad de prensa y los derechos de sus miembros, ha sido señalado por su timidez o inacción frente a amenazas que provienen de esferas de poder estatal. Este silencio no solo debilita a los periodistas individualmente, sino que mina la credibilidad y la capacidad de defensa del gremio periodístico hondureño en su conjunto, dejando a los comunicadores a merced de los litigios interpuestos por figuras con poder político.
La comunidad periodística y defensores de derechos humanos hacen un llamado urgente a la Fiscalía para que desestime las querellas y al CPH para que retome su rol histórico como defensor incansable de la libertad de expresión, garantizando que el derecho a la crítica no sea castigado con el peso de la ley.
