La sesión extraordinaria celebrada este día por diputados de oposición en un hotel de la capital dejó en evidencia un Congreso desafiante y confrontativo, con resoluciones que buscan imponer control sobre el proceso electoral, los parlamentarios otorgaron voto de confianza a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exigieron que se trabaje para la realización de la declaratoria del proceso electoral.
Asimismo llamaron a las FF.AA y Policía Nacional a resguardar el resguardar el Centro Logístico Electoral (CLE), de igual forma emitieron un voto de censura contra el exgeneral Roosevelt Hernández; en las resoluciones también le recordaron al Fiscal General sus función, y arremetieron contra Marlon Ochoa y Mario Morazán.
Durante la sesión, Maribel Espinoza, secretaria de este Congreso, procedió a dar lectura a la resolución adoptada por el pleno, en la que se enfatiza que el sufragio es un derecho humano y que los funcionarios públicos son mandatarios temporales sometidos a la Constitución, recordando que el pueblo expresó su voluntad soberana el pasado 30 de noviembre.
En este sentido, Espinoza detalló que la oposición tomó medidas para garantizar la protección de los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) otorgando voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López; asegurando que se realice la declaratoria electoral antes del 30 de diciembre de 2025, además de establecer que cualquier intento de sabotear, dilatar o alterar el proceso electoral será enfrentado con la detención de los responsables, la posibilidad de nombrar funcionarios ad hoc y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
También advirtió sobre censuras públicas a funcionarios que politicen las instituciones, recordó al fiscal general Johel Zelaya que no puede interferir en los órganos electorales y exhortó a la presidenta Xiomara Castro a garantizar una transición pacífica y ordenada, dejando claro que cualquier acción que atente contra el orden constitucional será sancionada y publicada de manera inmediata.
Se emitió un voto de censura contra el general Roosevelt Hernández por politizar a las fuerzas armadas. Asimismo, se advirtió a los funcionarios Marlon Ochoa y Mario Morazán que, de no cumplir con sus obligaciones en los plenos del CNE y TJE serán detenidos inmediatamente y puestos a disposición de las autoridades competentes, y se prevé la designación de consejeros y magistrados ad hoc para garantizar que los órganos electorales continúen operando sin obstáculos.
El Congreso se declaró en sesión permanente hasta el 20 de enero de 2026, facultado para emitir cualquier resolución que sea necesaria para proteger el orden constitucional y asegurar la alternancia en la presidencia de la República frente a cualquier intento de sabotaje o interferencia en el proceso electoral.
Se recordó a los secretarios de Estado y demás funcionarios su obligación de facilitar la instalación del Congreso y se advirtió que cualquier negativa o bloqueo sería considerado un delito contra el orden constitucional. También se hizo un llamado a los partidos políticos para que actúen dentro de la ley y se respeten los principios del sistema democrático, con advertencias claras sobre sanciones ante cualquier intento de atentar contra la alternancia presidencial o las facultades de los órganos electorales.
Finalmente, se estableció que la comisión especial del Congreso está facultada para ejecutar todas las resoluciones adoptadas, recibir denuncias por violaciones a la Constitución y garantizar la publicación inmediata de estas medidas en medios nacionales, sin necesidad de autorización del Poder Ejecutivo.
Con estas decisiones, la oposición no solo busca supervisar el proceso electoral, sino posicionarse como garante activo del orden constitucional, dispuesto a intervenir y sancionar a cualquier funcionario o autoridad que intente desvirtuar la voluntad popular, dejando en evidencia la confrontación abierta entre el Congreso opositor y los funcionarios que cuestiona.
