El Congreso de Honduras aprobó una resolución en la que ordena al CNE «realizar el escrutinio general de todas las actas pendientes» y remitir los resultados al Legislativo para la declaratoria oficial. A la par, instruye presentar ante el Ministerio Público «el detalle de las responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas».
El Diario Oficial La Gaceta publicó la noche del viernes el decreto relacionado con la justicia electoral y el recuento voto por voto de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional, una decisión que ha provocado una fuerte oleada de críticas dentro y fuera del país.
Según múltiples señalamientos, el decreto fue aprobado en una sesión del Congreso Nacional sin el quórum requerido por la ley y con la participación exclusiva de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
Diversos sectores califican este procedimiento como ilegal y contrario al orden constitucional, al considerar que el Legislativo suplantó funciones exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que emitió la declaratoria oficial de resultados.
La aprobación fue divulgada cerca de la medianoche del sábado mediante la cuenta oficial del Congreso en X y replicada por su equipo de relaciones públicas en grupos de WhatsApp.
Organizaciones de sociedad civil, partidos políticos y observadores internacionales han advertido que el decreto carece de legitimidad y podría interpretarse como un intento de desconocer la declaratoria del CNE, generar inestabilidad y prolongar el control político por vías irregulares.
Entre las reacciones más contundentes destacan los llamados de la OEA, la Unión Europea y la advertencia de las Fuerzas Armadas, que reiteraron su obligación de respetar la declaratoria del CNE y garantizar una transición ordenada de poder en todos los niveles.
A pesar de las objeciones nacionales e internacionales, la presidenta Xiomara Castrosancionó el decreto y ordenó su publicación en La Gaceta, intensificando el debate jurídico y político sobre su validez.
El caso del Distrito Central ha sido especialmente señalado, luego de que el alcalde Jorge Aldana desconociera primero la declaratoria del CNE y ahora la resolución del Tribunal de Justicia Electoral.
Algunos analistas sostienen que la maniobra legislativa podría responder a un intento de mantener el poder, pese a que Libre habría obtenido alrededor del 19% de los votos en las urnas, según los datos oficiales.
La controversia continúa escalando y se perfila como uno de los episodios más tensos del actual proceso político hondureño, con implicaciones directas en la gobernabilidad, la institucionalidad y la confianza ciudadana.
