El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, dio a conocer un presunto caso de uso indebido de recursos estatales que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien habría utilizado fondos públicos para financiar su defensa personal en una demanda interpuesta en Estados Unidos.
Según explicó Aspra, el 26 de enero, cuando aún ejercía el cargo, Díaz Galeas firmó un contrato con un bufete estadounidense por un monto de 310 mil dólares, pagados de manera anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR). El contrato tenía como finalidad que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil promovida por un ciudadano norteamericano o, en su defecto, gestionar el traslado del caso a Washington.
El procurador aclaró que la demanda no estaba dirigida contra el Estado hondureño, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio exprocurador, el fiscal general y otros integrantes del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro. Aspra calificó la situación como un abuso, al señalar que se habrían utilizado fondos estatales para cubrir una defensa estrictamente personal.
Aspra advirtió además que el Ministerio Público no puede conocer el caso, debido a que el fiscal general figura como parte demandada y presuntamente habría sido beneficiado con la defensa financiada con recursos públicos. En ese sentido, indicó que se está evaluando a qué otra entidad se presentará la denuncia para deducir responsabilidades.
Asimismo, el titular de la PGR alertó sobre posibles irregularidades en los honorarios pactados, al considerar que el monto pagado sería desproporcionado en relación con las gestiones realizadas. Señaló que se están verificando en Estados Unidos los costos habituales de este tipo de servicios legales para determinar si los valores estarían inflados.
Finalmente, Aspra no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero y establecer si existen otras irregularidades. El caso ya es considerado uno de los señalamientos más graves por presunto abuso de recursos públicos vinculados al pasado gobierno.
