La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó requerimiento fiscal contra seis exempleados del Instituto de la Propiedad (IP), por la supuesta comisión de varios delitos penales en perjuicio de la administración pública y del derecho a la propiedad de las municipalidades de Santos Guardiola, Roatán y Utila.
Los procesados son el exoficial legal de la Dirección General de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad, Jorge Alberto Medina Corrales, a quien se le supone responsable a título de autor directo de 30 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
Asimismo, se acusa al exjefe de la Unidad de Catastro y Geografía de la zona Noroccidental del IP, Marco Tulio Luque, a quien se le supone responsable a título de autor directo de 15 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
Además, es acusada la excontralor de calidad de la zona noroccidental del IP, Guadalupe Zabala, a quien se le supone responsable a título de autor directo de 15 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
RESPONSABILIDAD PENAL
A los imputados se suman la exjefe del Departamento Legal del IP, Flavia Larissa Hulse Perdomo, a quien se supone responsable de 15 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; el exdirector general de Regularización Predial del IP, Celso Rufino Suárez Avilés, a quien se le supone responsable de 15 delitos de prevaricación; y la exdirectora general del IP, Sybil Aney León Enamorado, a quien se le supone responsable de 15 delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
La Fetccop obtuvo indicios de responsabilidad penal de los acusados, quienes prestaron sus servicios en la capital, San Pedro Sula e Islas de la Bahía.
Los fiscales, una vez que investigaron 15 expedientes administrativos de títulos de propiedad en dominio pleno registrados en el IP, concluyeron que las solicitudes para el otorgamiento de dichos títulos y su tramitación adolecen de irregularidades, al desconocer los responsables de su tramitación la normativa legal que señala los requisitos esenciales que deben cumplirse para tal propósito, faltando a la verdad en el contenido de dictámenes técnicos.
Los investigadores encontraron planos de los inmuebles sin fecha de elaboración, además, según el requerimiento fiscal, los servidores públicos fundamentaron con declaraciones falsas y con documentos técnicamente cuestionables las decisiones que finalmente adoptaron.
“Las certificaciones para inscribir los títulos de propiedad en dominio pleno otorgados por el IP fueron emitidas por la abogada Sybil Aney León, en su condición de directora general del IP”, precisa el requerimiento fiscal. (XM)
DATOS
Las 15 solicitudes de regularización de la propiedad de inmuebles mediante el mecanismo de equiparamiento al dominio útil de la ocupación, por más de cinco años, se hicieron efectivas en el año 2009 ante las oficinas del IP en Tegucigalpa.
Además, se propusieron como únicos testigos para todas las solicitudes a dos personas, cuyos testimonios resultaron ser falsos, ya que, según las investigaciones criminales, los bienes inmuebles están situados en José Santos Guardiola, Roatán y Utila y al ser inscritos a nombre de particulares se afectan los intereses de las comunas referidas, ya que los terrenos son de naturaleza ejidal urbana. Se afecta asimismo tierras nacionales, entre estas, las que son propiedad del aeropuerto de Islas de la Bahía.
