La defensa de Hernández propuso una pena de 40 años, aunque insistieron en la inocencia de su defendido
Por ser la pieza fundamental de una conspiración de tráfico de cocaína, la Fiscalía de Estados Unidos solicitará la pena máxima de prisión contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.
Este lunes, Kyle Wirshba, Jacob Gutwillig, Elinor Tarlow y David Robles, fiscales adjuntos de Estados Unidos, propondrán imponer un castigo de cadena perpetua contra el exmandatario, que gobernó a Honduras entre 2014 y 2022. El equipo de investigadores pedirá, además, imponer una millonaria multa al exgobernante.
La petición se hará a través de una carta de sentencia que será enviada al juez Kevin Castel, quien determinará finalmente los años de cárcel que serán impuestos a Hernández el miércoles 26 de marzo.
A lo largo del proceso judicial, los fiscales han sostenido la tesis de su investigación de que “Juan Orlando Hernández es un narcotraficante. Es un narcotraficante a gran escala”.
En ese sentido, una “sentencia de cadena perpetua enviaría un mensaje apropiado para ellos y otros como ellos: que el tráfico de cocaína, la violencia y la corrupción de este tipo tiene consecuencias y no será tolerada en Estados Unidos, sin importar el autor”.
Factores. El togado Castel deberá apegarse a una serie de factores, como que el tribunal impondrá una sentencia suficiente, pero no mayor a la necesaria.
Asimismo, se considerará la naturaleza y circunstancias del delito y la historia y características del acusado, la necesidad de la sentencia impuesta; reflejar la gravedad del delito, promover el respeto de la ley y establecer un castigo justo por el delito; ofrecer una disuasión adecuada a la conducta delictiva; proteger al público de futuros delitos del acusado, y proporcionar al acusado la capacitación educativa o vocacional, atención médica u otro tratamiento correccional necesario.
En marzo pasado, Hernández fue declarado culpable de tres cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión consecutiva obligatoria de 30 años, y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Defensa
El viernes anterior, el cuerpo de abogados de Hernández Alvarado solicitó -en su presentación de sentencia- un castigo de pena mínima de 40 años de reclusión, aunque insistieron en su inocencia.
“Este Tribunal sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria legal que este tribunal debe imponer, que es de 10 años por el cargo uno y 30 años por el cargo dos, por una pena total combinada de 40 años de prisión”, afirmó el abogado defensor Renato Stabile.
“Hernández tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a cadena perpetua”, concluyó.
Sostuvo que “las pruebas del juicio contra Hernández fueron débiles. En resumen, el gobierno acusó a Hernández de gobernar Honduras como un narcoestado, aceptando sobornos de algunos de los mayores narcotraficantes de Honduras a cambio de protección e información” y “prácticamente no hubo evidencia independiente de que él recibiera dinero de traficantes de drogas hondureños, ni evidencia de que alguna vez haya brindado protección a ninguno de ellos: ni video, ni audio, ni registros financieros, ni detalles de qué información policial se proporcionó, ni fechas específicas de reuniones, sobornos o asistencia, ni mensajes de texto o registros telefónicos”.
