Titulares

30 medios de prueba hunden a dos funcionarios municipales

Por falsificación de documentos públicos y prevaricato administrativo al otorgar permisos de construcción en el municipio.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en materia de criminalidad, medio ambiente y corrupción dictó auto de formal procesamiento a los funcionarios municipales Fanny Marisela Ortiz Flores, directora de permisos de construcción y a Carlos Francisco Alvarado, jefe de urbanismo, por varios delitos.

Se desarrollo la Audiencia Inicial en la causa sobre tráfico de influencias y prevaricato administrativo de funcionarios municipales, acciones derivadas de permisos de construcción y lotificación de una residencial.

Los funcionarios municipales autorizaron la construcción de una bodega en una zona no permitida procediendo a desbloquear una clave catastral de la propiedad beneficiando al propietario.

Según la resolución el Ministerio Público en la audiencia inicial presentó unos 30 medios de prueba documentales y una testifical, sus conclusiones y con la petición para aplicarles el termino de ley de los dos años de prisión.

Mientras la defensa técnica legal de los imputados, presentaron las pruebas de descargo solicitando sobreseimientos para sus representados.

Pero, la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió dictar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar distinta a la prisión preventiva contra Fanny Marisela Ortiz Flores y Carlos Francisco Alvarado Flores por su implicación en el ilícito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras y prevaricato administrativo en detrimento de la administración pública del Estado de Honduras.

El auto de formal procesamiento también abarca a Vercelli Vianey Vásquez Interiano ya que se supone responsable del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

Todos los Imputados, mantienen la medida cautelar sustitutiva de la presentación periódica o una vez al mes ante la secretaría de la judicatura con jurisdicción nacional.

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