Titulares

Polémica por la demolición de la estación de bomberos

SABANAGRANDE. Los habitantes de Sabanagrande y las autoridades locales se encuentran en desacuerdo con la reciente decisión de demoler la estación de bomberos ubicada en la aldea La Trinidad.

La comandancia de bomberos ha informado que, en lugar de restaurarla, procederá a su demolición debido al severo deterioro que presenta, aunque esa decisión ha generado rechazo en la comunidad y en la sociedad civil.

La estación de bomberos fue construida en 2010 con un fondo de dos millones de lempiras, y fue oficialmente inaugurada el 25 de febrero del 2011 por el entonces alcalde Germán Díaz en un acto que muchos consideraron populista, ya que en ese momento aún carecía del equipamiento necesario para su operación efectiva.

La intención original era atender emergencias en los municipios cercanos, como Santa Ana, Nueva Armenia, San Buenaventura y Ojojona.

Desde su inauguración, la estación ha estado en completo abandono. En los últimos años, se ha motivado a los alcaldes de los municipios involucrados a construir una nueva estación, dado el grave estado en el que se encuentra la actual y su diseño obsoleto.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y reuniones con las autoridades del Cuerpo de Bomberos, los ediles de la zona no han mostrado voluntad política suficiente para impulsar una solución concreta, por lo que se ha decidido proceder con la demolición del edificio.

La comunidad y la sociedad civil lamentan la pérdida de una infraestructura que, aunque nunca prestó servicios efectivos, simbolizaba una inversión significativa en seguridad y bienestar para la región.

Muchos consideran que la demolición es un paso negativo que impactará en la percepción de atención ante emergencias y en la inversión futura en obras públicas.

Las autoridades locales y organizaciones sociales siguen solicitando mayor compromiso político para desarrollar una solución que permita soterrar las deficiencias de la infraestructura y garantizar una atención eficiente en el futuro.

La polémica continúa mientras la comunidad espera una respuesta concreta para proteger su seguridad y su patrimonio.

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