Contaminación de aguas, destrucción de viviendas y daños a la iglesia católica, deja la minería a cielo abierto en El Corpus, Choluteca, aseguran los habitantes organizados.
El pequeño municipio de El Corpus, en Choluteca, decenas de pobladores marcharon el viernes para exigir a las autoridades locales y gubernamentales la suspensión inmediata de las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa.
Hoy exigimos a las autoridades municipales, a la PGR Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Medio Ambiente, que hagan efectivas las resoluciones que fueron emitidas por el Instituto Hondureño de Geología y Minas, donde declara libre de minería toda la zona del casco urbano del municipio de El corpus, dijo la ambientalista Gisel Baquedano.
Hombres, mujeres y niños, acompañados de representantes de organismos de derechos humanos y la Pastoral Caritas de la Iglesia católica, participaron en la marcha que finalizó frente a la iglesia de El Corpus y la Plaza Central.
La movilización fue promovida por el Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus Comudenc que lidera un movimiento en defensa de la naturaleza y bienestar comunitario del municipio, donde operan al menos dos empresas mineras a cielo abierto, cuyas operaciones, según sus habitantes, están a pocos metros del casco histórico.
Baquedano manifestó que una de las empresas a cielo abierto lo hace sin permiso y que existe un dictamen oficial que indica que estaba contaminando nuestras aguas, destruyendo nuestras montañas, está destruyendo las casas, está desplazando a los barrios, está dañando incluso una iglesia de siglos que tiene historia.
El templo católico de El Corpus tiene unas grietas y filtraciones de agua debido a los daños que está causando una de las empresas mineras, que está operando a unos 100 metros de la parte trasera de la iglesia, lo que ha constatado EFE en tres visitas a la comunidad.
Pero analicemos lo paralelo de la vida, mientras allá nuestros hermanos hondureños cruzan ríos y desiertos solo por tener una oportunidad digna de trabajo en los EE.UU. , son perseguidos, son encarcelados, son tratados como delincuentes, son deportados por el simple hecho de no tener un papel. Acá, una empresa gringa está destruyendo a nuestro pueblo aún sin tener licencia ambiental, y es del conocimiento de todas las autoridades que esto pasa, manifestó Baquedano.
Los manifestantes corearon consignas como corporación municipal, es momento de actuar,Corpus no estés dormido, al despertar todo estará perdido, cero extracción de oro, la naturaleza es nuestro mejor tesoro,sí a la vida, no a la minería y por nuestros derechos elementales, cero licencias ambientales.
Mamerto Galindo, el párroco de la Iglesia católica El Corpus recordó hoy lo diferente y mejor que era la vida en los decenios de los 70 y 80 del siglo pasado, lo que contrasta con la actual realidad, con un pueblo que ha sufrido mucha destrucción.
Galindo afirmó que la minería ha absorbido terrenos que eran para proyectos sociales de la comunidad, lo mismo que un comedor infantil y están por eliminar un importante depósito de agua.
También indicó que se están haciendo explosiones mineras adentro y fuera del municipio, con daños que se podrían agravar si El Corpus llegara a sufrir los efectos de un huracán o una tormenta tropical.
El Comudenc en abril, denunció que la explotación minera de una empresa a cielo abierto está destruyendo el municipio, cuyos habitantes están divididos entre los que se oponen a esa actividad por los daños que causa, y los que la defienden porque viven de eso.
Lo que sorprende a muchos pobladores de El Corpus, es que la empresa Cerros del Sur opera sin licencia ambiental desde hace varios años, según el Comudenc, pese a que el 28 de febrero de 2022 el Gobierno que preside Xiomara Castro declaró «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto.
En la marcha de hoy el Comudenc emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exigió a la Alcaldía Municipal y el Gobierno la suspensión inmediata de las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa, una auditoría ambiental y social independiente en todas las áreas afectadas.
También el respeto a los procesos de consulta comunitaria libre, previa e informada, tal como lo establece la normativa internacional, y la reparación de daños ocasionados a las comunidades afectadas.
