Las autoridades hondureñas libran una ofensiva contra la tecnología utilizada por el crimen organizado, especialmente los sistemas clandestinos de vigilancia instalados por pandillas en diversas zonas urbanas del país.
Investigaciones de inteligencia revelan que estas estructuras criminales han incorporado personal con conocimientos avanzados en electrónica y telecomunicaciones, quienes instalan cámaras de seguridad en postes de tendido eléctrico, especialmente en sectores considerados bastiones de maras.
Estas cámaras, difíciles de detectar por su ubicación en infraestructuras públicas, permiten a las pandillas monitorear a diario los movimientos dentro y fuera de sus territorios, incluyendo a vecinos, rivales y cuerpos policiales. Se han registrado casos en los que personas ajenas a la comunidad han sido identificadas mediante estas cámaras, raptadas y posteriormente asesinadas.
En respuesta, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha intensificado operativos como parte del Plan Solución Contra el Crimen. Según el portavoz Mario Fu, ya se han desmantelado más de 40 sistemas de vigilancia clandestina, la mayoría ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Estos sistemas no solo cuentan con conexión a internet que permite el monitoreo remoto desde cualquier parte del mundo, sino que algunos tienen baterías independientes que garantizan su funcionamiento incluso durante cortes de energía eléctrica.
El objetivo de las pandillas con estos dispositivos es alertarse mutuamente sobre la presencia policial y mantener control absoluto de sus territorios. En colonias como Las Ayestas y La Obrera, al norte de Comayagüela, se ha detectado una fuerte presencia de estos sistemas, debido a la disputa territorial entre organizaciones criminales.
Además de observar a las fuerzas de seguridad, las cámaras también cumplen la función de detectar posibles infiltraciones de miembros de pandillas rivales, evitando así conflictos internos.
Las autoridades aseguran que estos dispositivos forman parte de una red más amplia que protege operaciones ilícitas como extorsión, robo de vehículos y narcotráfico. La Policía continúa trabajando en la identificación de responsables, así como en el rastreo, localización y eliminación de estos sistemas ilegales.
Dipampco reitera su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana, combatiendo de forma frontal cualquier tecnología criminal que ponga en riesgo el accionar institucional y la vida de los hondureños.
