La organización Alianza TPS, junto a otras entidades defensoras de migrantes, interpuso una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para detener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para-Honduras, medida que impactaría a decenas de miles de ciudadanos hondureños a partir de septiembre de 2025.
La acción legal fue presentada como una medida urgente, argumentando que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contradice las propias advertencias del Departamento de Estado, que mantiene a Honduras bajo alerta de viaje Nivel 3, recomendando “reconsiderar el viaje” por razones de violencia, criminalidad, debilidad institucional y amenazas naturales.
El TPS, otorgado a ciudadanos hondureños desde 1999 tras el paso del huracán Mitch, ha sido renovado continuamente por las condiciones adversas en el país. Actualmente, alrededor de 55,000 hondureños se benefician de este amparo migratorio, muchos de ellos con familias formadas en territorio estadounidense.
Organizaciones señalan que la cancelación tendría efectos devastadores no solo para los migrantes, sino también para la economía estadounidense. Según datos presentados en la demanda, los hondureños con TPS contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos estatales y federales cada año, además de ocupar puestos clave como trabajadores esenciales y emprendedores.
Uno de los argumentos centrales en la demanda es el impacto familiar. Más de 60,000 niños nacidos en EE. UU. son hijos de hondureños amparados bajo el TPS. La separación forzada entre padres e hijos tendría consecuencias psicológicas graves, de acuerdo con estudios médicos citados por Alianza TPS.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, resaltó que “los hondureños con TPS son parte integral de la sociedad estadounidense: son trabajadores, padres, empresarios, contribuyentes y líderes comunitarios”.
