TEGUCIGALPA. La liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, desató una ola de reacciones en Honduras y reavivó un tema que parecía haberse apagado en redes sociales: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Aunque usuarios de TikTok denuncian que el algoritmo limitaba el alcance de los videos sobre este tema, todo cambió tras el indulto. El caso Próspera volvió con fuerza al centro de la discusión pública.
Próspera fue presentada en su origen como un proyecto de vanguardia: un territorio especial ubicado en Roatán, diseñado según sus promotores, para atraer inversión, generar empleo de calidad y promover el desarrollo económico a través de un marco legal propio. Pero para muchos habitantes locales, esta zona especial terminó beneficiando únicamente a inversionistas extranjeros.
¿Es un paraíso fiscal…como las Islas Caimán, pero aquí en Honduras?
Distintos testimonios recopilados por creadores de contenido como Queen (@queen029) señalan que la falta de control estatal y la autonomía jurídica podrían convertir a Próspera en un paraíso fiscal comparable a las Islas Caimán, famoso refugio de empresas que ocultan capitales.
Las críticas se intensifican al conocerse que Próspera ha establecido un sistema judicial independiente, compuesto por expertos jurídicos de distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Oceanía. Aunque esta información fue advertida desde el inicio por sectores opositores en Honduras, muchos se negaron a creerla. Otros apenas ahora están reaccionando, pues como suele ocurrir, no es lo mismo que lo denuncie la población local a que lo afirme una voz extranjera; por alguna razón, la opinión externa suele tener mayor peso.
Para los lugareños, el hecho que el sistema judicial sea independiente, es señal de que Próspera opera por encima de la ley nacional. Su empresa operadora, Honduras Próspera S.A., ni siquiera está registrada en el país: su sede se encuentra en Delaware, uno de los mejores destinos del mundo para registrar empresas con alto nivel de confidencialidad. Hasta ahora, ha recaudado más de 100 millones de dólares en inversión, aunque se ha negado a publicar la lista de sus inversores.
Eric Brimen, director ejecutivo de Próspera, asegura que todos los participantes pasan por un proceso de verificación riguroso y que la iniciativa busca combatir la pobreza mediante un sistema jurídico alternativo. Brimen, venezolano de origen, afirma que la desigualdad en su país natal lo motivó a buscar un modelo que permitiera crear prosperidad a gran escala y que Honduras ofreció el marco ideal para materializar esa visión.
Indulto a JOH fue un «agradecimiento» por permitir una «ciudad con poderes de país»
Sin embargo, las críticas no cesan. La creadora Kachilla Heatley compartió un video del periodista y escritor Pablo Padula, quien expuso una narrativa más contundente: que el indulto a Hernández habría sido un “agradecimiento” por permitir la creación de una “ciudad con poderes de país”, un enclave soberano donde élites extranjeras, incluyendo al multimillonario Peter Thiel, operan bajo reglas propias.
Padula sostiene que Próspera estaría vinculada a intereses políticos estadounidenses y que la autonomía que posee la convierte en un territorio prácticamente blindado ante posibles delitos. Incluso insinúa que Trump podría estar interviniendo en la política hondureña para favorecer candidatos que preserven este enclave.
Mientras tanto, el conflicto legal continúa. Aunque las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en septiembre de 2024, Próspera insiste en la validez de sus acuerdos de estabilidad jurídica por 50 años, firmados durante el gobierno de Hernández.
La disputa llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde Próspera reclamaba inicialmente 10,775 millones de dólares al Estado hondureño.
El 22 de octubre de 2025, la Procuraduría General de la República informó que la demanda fue reducida a 1,630 millones de dólares, un recorte del 85 %, reforzando la postura de Honduras de que el reclamo era especulativo y jurídicamente débil. Aun así, el proceso continúa y mantiene la tensión entre soberanía nacional, intereses extranjeros e inseguridades ciudadanas en torno a lo que ocurre dentro de este enclave en Roatán.
