El proceso electoral hondureño del 30 de noviembre ha entrado en una fase de parálisis institucional tras las declaraciones del consejero Marlon Ochoa. El funcionario ha condicionado su respaldo a los resultados, exigiendo una auditoría física sin precedentes para evitar la validación de lo que él denomina un «fraude».
La ruptura del consenso en el pleno
Ochoa ha dejado claro que la transparencia del sistema biométrico y de las actas está en duda. Su postura de no «prestarse para validar un fraude» coloca al Consejo Nacional Electoral en una posición crítica, ya que se niega a estampar su firma en la declaratoria oficial si no se cumplen requisitos estrictos de verificación:
- Auditoría física: Comparación de cada papeleta contra el cuaderno de votación.
- Cruce de datos: Cotejo de las papeletas frente a la cantidad de electores registrados en el sistema biométrico.
Resistencia frente a presiones internacionales
En un discurso marcado por la defensa de la soberanía, el consejero denunció que existen intereses de gobiernos extranjeros que buscan influir en el proceso. Sostuvo que su lealtad reside en el pueblo que paga su salario y en el Congreso Nacional que lo nombró, y no en agendas externas.
“A mí ni, aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude”, subrayó Ochoa, calificando los comicios como los menos transparentes registrados hasta la fecha.
Un panorama sombrío para la transparencia
La negativa del consejero a validar la elección del 30 de noviembre, a la cual describió como la «más sucia que ha existido en la historia de este país», abre un escenario de incertidumbre legal. Sin el consenso de sus miembros y sin el desahogo de las pruebas de transparencia solicitadas, la legitimidad de las autoridades electas podría quedar en entredicho ante la opinión pública y los actores políticos.
