Luego que el gobierno integrara una comisión para realizar el traspaso presidencial, el decreto 58-2025 que aprobó el Congreso de Redondo sigue siendo ilegal y aunque haya sido promulgado en La Gaceta, carece de fuerza.
La diputada Fátima Mena cuestionó la legalidad del decreto aprobado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y remitido al Poder Ejecutivo para su publicación, carece de fundamentos constitucionales tanto de forma como de fondo y que pretende usurpar atribuciones exclusivas del órgano electoral.
Mena sostuvo que el decreto, aprobado el pasado 8 de enero y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro, no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para producir efectos jurídicos válidos. A su criterio, el documento intenta arrogarse competencias que corresponden únicamente a la autoridad electoral.
En ese sentido, subrayó la importancia de dejar precedentes claros para evitar que “un grupo reducido y una minoría dentro del Congreso Nacional” intente imponerse sobre la mayoría que representa el pleno legislativo. En ese sentido, advirtió que permitir este tipo de actuaciones abre la puerta a la vulneración del orden constitucional y del principio de separación de poderes.
Mena también se refirió a los escenarios previstos en caso de obstáculos para la instalación del nuevo Congreso Nacional, señalando que la Constitución establece mecanismos claros para sustituir al ministro de Gobernación y Justicia si este no cumple con su mandato constitucional. Explicó que dicha sustitución puede recaer en el funcionario legalmente designado o incluso en un magistrado o juez de Letras, por analogía con los procedimientos aplicables a la investidura presidencial.
Finalmente, recordó que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizar una transición pacífica del poder, tanto en el Congreso Nacional como en el Ejecutivo. En ese marco, indicó que el resguardo de los edificios públicos y la garantía de ingreso de los nuevos diputados forman parte de las obligaciones constitucionales de la institución castrense.
