Estados Unidos. Un duro revés político y migratorio sacude a Honduras tras la reciente reunión entre mandatario hondureño, Nasry “Tito” Asfura y el presidente estadounidense Donald Trump. Apenas dos días después de aquel encuentro, en el que se confirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue abordado y quedó pendiente de revisión, una decisión judicial en Estados Unidos vuelve a poner en vilo a miles de catrachos amparados por ese beneficio.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejó clara la postura de la actual administración al celebrar lo ocurrido como “una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos”.
En un mensaje publicado en la red social X, Noem fue enfática al afirmar que, bajo administraciones anteriores, el TPS “se abusó para permitir la entrada a terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional”, y que el programa “nunca fue diseñado para ser permanente”.
Sus declaraciones se producen en un contexto judicial determinante. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, integrada por los jueces Hawkins, Callahan y Miller, concedió una solicitud de suspensión solicitada por el gobierno estadounidense, dejando sin efecto por ahora, la anulación que había dictado un tribunal de distrito en el norte de California. Dicha anulación había frenado la decisión del Secretario de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua.
El fallo original del tribunal de distrito, emitido el 31 de diciembre de 2025 bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 54(b), había determinado que la terminación del TPS violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, con la suspensión ahora concedida, el gobierno logra mantener vigente la decisión de terminar las designaciones mientras se resuelve la apelación.
El marco legal del TPS, establecido en el 8 U.S.C. § 1254a, permite al Secretario de Seguridad Nacional designar a un país cuando sus nacionales no pueden regresar de forma segura debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias y temporales. Asimismo, obliga a revisar periódicamente esas condiciones y a terminar la designación cuando ya no se cumplan los criterios.
En el caso de Honduras y Nicaragua, el TPS fue otorgado inicialmente en 1999 tras el devastador huracán Mitch; Nepal, por su parte, fue designado en 2015 a raíz de un terremoto. Para el gobierno estadounidense, las condiciones que justificaron esas medidas ya no existen, argumento que Noem reforzó al señalar que “dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal”.
La decisión golpea directamente las expectativas generadas tras la reunión entre Asfura y Trump. Integrantes de la delegaciones hondureñas confiaban en una extensión del TPS, o al menos en señales políticas favorables. El propio presidente hondureño confirmó que el tema fue abordado y quedó pendiente de revisión. No obstante, el giro judicial y el respaldo público del DHS a la terminación del programa cambian el escenario.
Para miles de hondureños en Estados Unidos, la incertidumbre vuelve a instalarse. Aunque el proceso legal aún no ha concluido, la suspensión concedida por la Corte de Apelaciones refuerza la narrativa de que el TPS, tal como lo concibe la actual administración estadounidense, no es un derecho adquirido ni una solución migratoria permanente, sino una medida excepcional con fecha de caducidad.
Aunque en el pasado se culpó y criticó fuertemente a la expresidenta Xiomara Castro por la suspensión del TPS, “Tito” Asfura reconoció después de su reunión con Trump que la decisión no dependía del Gobierno de Honduras, sino que respondía exclusivamente a políticas internas de Estados Unidos.
