Tegucigalpa. Las recientes declaraciones del reconocido periodista internacional, Fernando del Rincón, han provocado una fuerte reacción en el ámbito político hondureño luego de que afirmara en su cuenta oficial de X que Honduras sería “el único país del mundo que le da prioridad a los convictos y narcotraficantes para obtener cargos en el gobierno”, mientras según expresó, los ciudadanos honestos luchan por conseguir empleo y alimento.
El comentario surge en medio de la controversia generada tras la decisión del presidente Nasry Asfura Zablah, quien el pasado 13 de febrero designó como subsecretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a Nelson Márquez Euceda, pese a enfrentar un proceso penal abierto por un presunto fraude contra el Estado que superaría los tres mil millones de lempiras.
El nombramiento intensificó el debate público sobre los filtros éticos dentro de la administración pública y coincidió con la publicación de un reportaje de investigación del medio Expediente Público, titulado El Partido Nacional retoma el poder en Honduras con lastres de corrupción, donde se expone que el regreso al poder del Partido Nacional de Honduras ocurre sin una depuración interna profunda.
Según la investigación, al menos 20 de los 49 diputados nacionalistas electos estarían vinculados directa o indirectamente a señalamientos relacionados con corrupción o narcotráfico. El análisis también destaca que, dentro del plan de gobierno “Juntos vamos a estar bien 2026-2030”, los temas de corrupción y narcotráfico ocupan un espacio reducido, lo que, para expertos, anticipa la prioridad política que podrían tener durante la actual administración.
La socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recordó que el nacionalismo arrastra un desgaste acumulado tras doce años de gobierno marcados por investigaciones judiciales contra varios de sus dirigentes.
Ese periodo incluye las administraciones de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, etapas que, según analistas, estuvieron atravesadas por escándalos de corrupción y revelaciones sobre la penetración del narcotráfico en estructuras políticas del país.
El reportaje señala además que, pese a una aparente renovación generacional dentro del partido, persisten candidaturas respaldadas por estructuras familiares o figuras previamente vinculadas a investigaciones judiciales.
Casos en departamentos como Yoro, Copán, Olancho, Santa Bárbara y Francisco Morazán reflejarían un patrón repetido: políticos cuestionados que mantienen o amplían su poder electoral.
Analistas políticos sostienen que el principal desafío del nuevo gobierno será demostrar independencia frente a los señalamientos y enviar señales claras ante los primeros escándalos.
La falta de fiscalización efectiva al financiamiento político, advierten expertos del Observatorio Nacional de la Violencia, continúa siendo una de las principales puertas de entrada para estructuras criminales dentro del sistema democrático.
Asimismo, el informe recuerda que el mismo mandatario mantiene procesos abiertos relacionados con presunta malversación de fondos públicos y menciones en investigaciones internacionales sobre sociedades offshore, elementos que aumentan la presión pública sobre su administración.
La imagen política actual, marcada por críticas internacionales y cuestionamientos internos, plantea interrogantes clave: ¿podrá el gobierno investigar a figuras de su propio partido?, ¿logrará diferenciarse de administraciones anteriores?, y ¿será capaz de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones?
Mientras tanto, las declaraciones de Del Rincón amplifican el debate fuera de las fronteras nacionales, colocan nuevamente a Honduras bajo el escrutinio internacional en materia de transparencia, gobernabilidad y lucha contra la corrupción.
