Tegucigalpa. La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, junto al legislador del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, presentaron un proyecto de decreto que plantea otorgar una amnistía general a favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal pública en contextos de persecución política y judicialización institucional vinculados al golpe de Estado de 2009 y sus consecuencias hasta el año 2025.
La iniciativa establece que el beneficio aplicaría también a procesos impulsados durante el período 2022–2026, argumentando que estos casos se habrían desarrollado en un ambiente de confrontación política que derivó en acciones judiciales consideradas por los proponentes como persecución.
Entre los posibles beneficiarios de la amnistía figura el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, quien enfrenta acusaciones por el asesinato del joven Isy Obed Murillo y por tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala.
Ambos hechos están relacionados con las manifestaciones ocurridas tras el Golpe de Estado en Honduras de 2009, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar en distintas zonas del país.
El proyecto de decreto ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales, debido a que una eventual aprobación podría impactar procesos judiciales abiertos por hechos ocurridos durante y después de la crisis política iniciada en 2009. Mientras algunos sectores consideran que la medida busca cerrar ciclos de confrontación política, otros advierten que podría significar impunidad en casos relacionados con violaciones a derechos humanos.
