Tegucigalpa, Honduras.– En medio de una sesión marcada por retrasos, tensión y protestas dentro del hemiciclo, el Congreso Nacional admitió la denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien quedó suspendido de su cargo mientras avanza el proceso.
La decisión fue aprobada por mayoría calificada, abriendo formalmente el procedimiento legislativo para determinar responsabilidades políticas del titular del Ministerio Público, en un ambiente de fuerte polarización entre las distintas bancadas, especialmente con la oposición de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes protagonizaron una silbatina y momentos de confrontación.
Con la suspensión de Zelaya, la titularidad del Ministerio Público pasa de manera interina al fiscal adjunto Marcio Cabañas, quien asumirá las funciones mientras se desarrolla la investigación.
La denuncia se sustenta en causales como “denuncia grave en el desempeño del cargo”, actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional, así como supuesta negligencia, incapacidad o incompetencia. Además, los denunciantes solicitaron la conformación de una comisión especial de investigación y la eventual destitución irrevocable del funcionario una vez concluido el proceso.
El documento presentado ante el pleno detalla que las acciones atribuidas al fiscal general se habrían intensificado durante el proceso electoral de 2025, incluyendo intervenciones y actuaciones del Ministerio Público contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Entre los señalamientos se mencionan citaciones reiteradas a consejeras del CNE en momentos clave del calendario electoral, intervenciones de instalaciones por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el anuncio público de investigaciones penales basadas en supuestas evidencias cuya autenticidad y cadena de custodia han sido cuestionadas.
Los diputados que impulsaron la denuncia argumentaron que su actuación responde a un mandato constitucional de control político, sin prejuzgar la culpabilidad del funcionario, y señalaron que existen informes y documentación provenientes de organismos nacionales e internacionales, como misiones de observación electoral, que respaldan la gravedad de los hechos.
El proceso se fundamenta en el artículo 234 de la Constitución de la República y en la Ley Especial de Juicio Político, que establecen la destitución como única sanción política, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas.
Durante la sesión, legisladores críticos cuestionaron la legalidad y motivación del proceso, advirtiendo sobre posibles implicaciones políticas en la correlación de fuerzas dentro de instituciones clave del sistema electoral y judicial del país. Mientras tanto, la comisión especial que será designada tendrá la responsabilidad de investigar los hechos y presentar un informe al pleno para su deliberación final.
