El sexto testigo del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), un narcotraficante del Cártel de Sinaloa, aseguró haber financiado su campaña.
El testigo, un colombiano bajo el seudónimo Luis Pérez, declaró que contribuyó con $2.4 millones (equivalente a L59,245,608 al cambio de hoy) para la campaña presidencial de JOH, miembro del Partido Nacional, previo a las elecciones de 2013, en las cuales fue declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En ese contexto, el ahora designado presidencial, Salvador Nasralla, quien participó en aquellos comicios generales con el Partido Anticorrupción (PAC), en los cuales él sostiene haber ganado, afirmó que se utilizaron fondos del tráfico de drogas para manipular los resultados a favor de Hernández.
«Usaron el dinero del narcotráfico para pagar a los miembros de las mesas electorales en todo el país para cambiar las actas (que me daban ganador a mí y a los diputados del PAC ) y pagaron al TSE para digitar lo contrario a lo que votó el pueblo (PAC) y permitir que Juan Orlando Hernández fuera presidente de Honduras hace 11 años», escribió el funcionario en su publicación en X.
Además, Nasralla señaló que aquellos que aceptaron este «dinero sucio» son responsables de las muertes causadas por el narcotráfico en los últimos 10 años, así como de la emigración masiva de hondureños hacia Estados Unidos.
Finalmente, Nasralla advirtió que aquellos responsables de estos actos corruptos no escaparán de la justicia, ya que, según él, «no solamente en la tierra cumplimos castigos. La justicia divina la encontrarán cuando Dios los llame a su presencia».
Juicio de Juan Orlando Hernández
El expresidente Hernández fue extraditado el 21 de abril de 2022 a Estados Unidos tras ser solicitado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, misma que lo acusa por tres cargos relacionados al narcotráfico y uso de armas.
En tal sentido, se le acusa de conspiración para importar cocaína a EE. UU., con sentencia mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua; uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, con sentencia mínima de 30 años y máxima de cadena perpetua; y conspiración para usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, con sentencia máxima de cadena perpetua.
Su juicio, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York dirigido por el juez Kevin Castel, comenzó el pasado 20 de febrero y se prevé que tenga una duración de tres semanas.
