La Fiscalía de Corea del Sur imputó formalmente al presidente Yoon Suk-yeol, y se convierte en el primer mandatario en funciones en enfrentar cargos penales en el país. La acusación se centra en su declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre, un acto que ha generado controversia, protestas y su posterior destitución.
Actualmente, Yoon Suk-yeol se encuentra bajo arresto preventivo desde el 15 de diciembre, y su imputación fue solicitada por la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO).
El organismo había trasladado el caso a la Fiscalía debido a su falta de autoridad para presentar cargos formales contra un presidente. La decisión llega justo antes del vencimiento del plazo legal para interrogar al mandatario.
Interrogatorios evadidos por parte de Yoon
Por su parte, el tribunal en Seúl rechazó recientemente dos solicitudes para extender el período de detención del presidente, lo que llevó a la Fiscalía a actuar rápidamente. A pesar de las evidencias presentadas, Yoon ha evadido repetidamente los interrogatorios ante la oficina anticorrupción.
Las acusaciones contra Yoon incluyen conspiración con altos mandos militares para llevar a cabo un motín mediante la declaración de ley marcial. Además, se le acusa de haber enviado tropas al Parlamento para evitar que los legisladores revocaran su decreto. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas severas, incluyendo cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque esta última no se ha aplicado desde 1997.
En simultáneo, a este proceso penal, el Tribunal Constitucional está evaluando un juicio político que podría ratificar su destitución aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre. Si se confirma su inhabilitación, se convocarán elecciones anticipadas dentro de un plazo máximo de 60 días tras el fallo judicial.
Con información de EFE
