Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional concretaron parte de la clasificación de los privados de libertad en calidad de procesados y sentenciados, acompañado de una reubicación de los internos a otras cárceles y por el cierre de dos prisiones.
Estas acciones se desarrollaron de acuerdo con la condición jurídica, peligrosidad, por estructura criminal a la que pertenece el recluso, entre otros aspectos.
Además de ello, desde que se nombró la Comisión Interventora encabezada por el general de Brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, se procedió a cerrar Centros Penitenciarios que se encontraban en condiciones deplorables y en medio de las ciudades.
Entre los que fueron clausurados de manera permanente está el localizado en el barrio Ingles de La Ceiba, el de Puerto Cortés y recientemente los Centros Penales de La Esperanza, Intibucá y el ubicado en Trujillo, Colón, otro que sufrirá ese desenlace será el de La Paz.
Los cierres de esos recintos penitenciarios han surgido luego de una serie de recomendaciones además de nuevas construcciones en otras penitenciarias, además de también detectar actos ilícitos a lo interno de estas instalaciones carcelarias
El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional general Ramiro Muñoz confirmó que, como parte de una serie de medidas a fin de combatir la corrupción interna, se realizó el cierre de dos centros penales esta semana.
“Los centros penales de La Esperanza, en Intibucá y Trujillo, en Colón fueron cerrados tras detectarse diversas actividades ilícitas al interior de estos, además de que estos recintos están en medio de la ciudad colindan con colegios, parques, y los más dañados son los ciudadanos”, informó el jerarca.
Muñoz afirmó que las acciones emprendidas están amparadas en la ley, y que no le interesa la opinión de quienes critican estas decisiones, ya que, a su criterio se está haciendo lo correcto ante los movimientos que se llevan a cabo desde lo interno de las celdas.
“Estamos haciendo lo correcto y amparados en ley, cual es el problema, las personas tienen la libertad de opinar, pero hasta ahí, vivimos en un sistema democrático, donde tengo que aceptar, lo que tenemos que hacer por el país no es negociable”, sentenció.
Recientemente, se dio a conocer que, en el centro penal de Támara, detectaron que 300 reos simpatizantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), se encontraban infiltrados entre la población carcelaria común.
“Sacamos los MS y los enviamos para La Tolva, pero cuando sacamos reclusos del recinto general salen como 300 que fueron trasladados a Siria diciendo que son MS y porque estaban haciendo ocultos dentro de la población general que querían controlar”, cuestionó.
Al mismo tiempo, “le estamos deshaciendo toda aquella venta de dormitorios que tenían, el problema de Honduras no era problema de hacinamiento, era problema de negocio, porque en los Centros Penales donde podían caber 40 reclusos cabían 10 y 11 porque lo que hacían era hacen dormitorios con madera de cualquier tipo y lo vendían por 200 mil y 300 mil lempiras a un privado de libertad, eso ya se acabó”.
“Vamos a desarmar hasta el último lugar de esos, por ejemplo, esos altares al mal se los vamos a botar, aquí le vamos a levantar altares a la vida, pero a la muerte u otras cosas se las vamos a quitar”, agregó.
Fue enfático en decir “no protejan terroristas ni organizaciones criminales, hasta hoy nunca he visto a alguien que proteja a organizaciones criminales y que su final sea bueno, ya se acabó ese tiempo, no van a estar controlando el sistema penitenciario”, con relación al cierre de algunos centros penales y traslados de reos a diferentes recintos carcelarios.
“La presidenta fue clara tomen el control, recuperen la gobernanza del Sistema Penitenciario, y eso estamos haciendo”, remarcó.
Finalmente, que por cumplimiento de una norma nacional y otra internacional han movido tanto recluso porque los privados de libertad tienen que estar clasificados no se puede tener un interno que llega por seis días con uno condenado a 300 años de cárcel”.
“Le pedimos de manera respetuosa a la población que entienda que no estamos causando daño al Sistema Penitenciario, pero si tenemos que mover a un privado de libertad para que esté junto con el de la misma condición es lo que estamos haciendo”, apuntó.
Los Centros Penitenciarios localizados en Ilama, Santa Bárbara, que alberga a los reclusos que forman parte de la Pandilla 18 fueron reubicados en el nuevo módulo de máxima seguridad de ese reclusorio; también en La Tolva se cuenta con un nuevo módulo de máxima seguridad en donde se reubicaron a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), clasificados de alta peligrosidad.
Además de ello, las autoridades penitenciarias trasladaron a los reclusos del módulo de máxima seguridad de Támara hacía los recintos de acuerdo con la pertenencia de la estructura criminal.
