El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que apruebe el decreto pendiente que permitiría establecer una Comisión de la Verdad en el Bajo Aguán, una región marcada por un prolongado conflicto agrario y más de 200 muertes desde 2010.
Según la institución, la creación de esta comisión es fundamental para investigar violaciones graves a los derechos humanos, ofrecer reparación a las víctimas y avanzar hacia la regularización del uso de tierras en la zona.
El Conadeh denunció que, aunque el Decreto Ejecutivo fue remitido a la Presidencia a mediados de 2024, aún no ha sido firmado, lo que retrasa un proceso considerado prioritario para la justicia y la paz en esa región del norte de Honduras.
Además, señaló la contradicción del gobierno, que en 2022 firmó un acuerdo para instalar una comisión con enfoque en derechos humanos, pero terminó formando una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual –según el Conadeh– ha excluido a las víctimas y a organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el CESPAD, esta comisión ordenó 36 desalojos entre junio de 2023 y julio de 2024, lo que ha intensificado la crisis.
La tensión en la zona se ha agravado con los recientes asesinatos de tres dirigentes campesinos en menos de 10 días: Ramón Rivas Baquedano, su hijo Carlos Rivas, y Héctor Otoniel Hernández.
Ante estos hechos, el Conadeh exigió al Ministerio Público que investigue y procese a los autores materiales e intelectuales, y alertó sobre el deterioro del estado de derecho en el Bajo Aguán, donde la impunidad, el control de grupos criminales y la falta de seguridad jurídica siguen agravando el conflicto estructural.
