El Ministerio Público, actuando con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático, no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso de las elecciones generales. Sin embargo, una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral.
Ningún acto que atente contra la voluntad popular y, por ende, contra la soberanía quedará en la impunidad. Se establecerá un precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho.
