Tegucigalpa. El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, afirmó este lunes que el Ministerio Público actuará con firmeza y sin contemplaciones en el caso de corrupción conocido como “Chequesol”, al reiterar que la justicia se aplicará sin importar el cargo, la investidura o la afiliación política de los implicados.
Sus declaraciones se dieron tras la emisión de órdenes de captura contra el exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, y la diputada del partido Libre por Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, señalados por su presunta participación en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Durante una conferencia de prensa, Zelaya fue enfático al desmarcar la actuación del Ministerio Público de cualquier interés político.
“Nuestras acciones no obedecen a ningún tema político. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna reunión con personeros de ningún partido”, subrayó, al tiempo que confirmó que aún existen dos líneas adicionales de investigación abiertas dentro del mismo expediente, lo que sugiere que el caso podría ampliarse conforme avancen las diligencias.
El titular del ente acusador explicó que la investigación se inició el 23 de junio de 2025, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video que evidenciaba un posible desvío de fondos públicos asignados a Sedesol.
“Ese mismo día instruí personal y públicamente que se comenzaran las investigaciones para despejar dudas y llegar al fondo de la posible corrupción que implicaba ese video”, recordó Zelaya.
Pese a los cuestionamientos públicos, los señalamientos y los juicios mediáticos que ponían en entredicho la presentación del requerimiento fiscal, el fiscal general aseguró que los equipos técnicos continuaron trabajando de manera silenciosa y rigurosa.
Según detalló, se realizaron análisis financieros, recopilación de pruebas documentales y verificaciones administrativas, con el objetivo de construir un expediente sólido y defendible ante los tribunales de justicia.
Las investigaciones, desarrolladas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en conjunto con fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), permitieron identificar un presunto mecanismo de corrupción mediante el cual fondos destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán habrían sido desviados y utilizados para fines distintos a los establecidos, provocando un perjuicio económico al Estado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la diputada Isis Cuéllar, valiéndose de su condición de congresista, habría gestionado millonarios recursos para ayudas sociales y proyectos comunitarios, los cuales fueron administrados a través del denominado Fondo Administrativo Solidario. No obstante, Zelaya explicó que, pese a existir observaciones técnicas y advertencias sobre la ejecución de estos recursos, se implementaron mecanismos administrativos que facilitaron el manejo discrecional del dinero público.
Entre estas prácticas, el Fiscal General mencionó la apertura de cuentas bancarias específicas y la aprobación de reglamentos internos, los cuales, en la práctica, permitieron canalizar fondos estatales sin cumplir los controles exigidos por la ley. Estas irregularidades, añadió, habrían sido avaladas por funcionarios y exfuncionarios de Sedesol que actuaron en contubernio.
La acusación fiscal también señala que varios empleados y exfuncionarios aprobaron solicitudes que no cumplían los requisitos legales, omitieron procesos de verificación y control, y posteriormente presentaron liquidaciones con documentación inconsistente, incluyendo facturas repetidas y evidencias que no correspondían a proyectos realmente ejecutados.
“Se hará justicia sin importar quién cometa el delito”, reiteró Zelaya al presentar los resultados preliminares de la investigación, al tiempo que insistió en que el Ministerio Público no cederá ante presiones externas ni campañas de descrédito.
Según el requerimiento fiscal, las irregularidades detectadas derivaron en la imputación de 67 delitos de fraude, atribuidos de forma individual y conjunta a Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
Será durante la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan con mayor detalle los hechos atribuidos a cada uno de los acusados y se defina el rumbo del proceso penal.
