Un conflicto jurídico se ha generado en torno al contrato del Canal Seco, una vía de cuatro carriles que, según lo estipulado, debió ser entregada a la concesionaria Covi para su mantenimiento y operación, incluyendo la instalación de casetas de peaje.
De acuerdo con lo establecido en el contrato, la entrega formal de la carretera permitiría a la empresa asumir la administración y garantizar el mantenimiento de la infraestructura bajo el esquema de concesión.
No obstante, el gobierno anterior no habría concretado dicha entrega, lo que ha derivado en una controversia legal. Actualmente, se reclama el pago de mil millones de lempiras con base en una cláusula contractual que establece el Ingreso Mínimo Garantizado, argumentando incumplimiento de las condiciones pactadas.
Cada una de las partes involucradas sostiene su propia interpretación del contrato, lo que ha profundizado el enredo jurídico y mantiene en disputa las responsabilidades y obligaciones derivadas del proyecto.
