Este día, conductores de buses de la ruta Carrizal – Ulloa, decidieron paralizar sus unidades en protesta por el creciente acoso de estructuras criminales por extorsión y un reciente ataque armado contra un ayudante de bus.
De hecho, este suceso ocurrió en las últimas horas, cuando sujetos desconocidos atentaron contra la vida del ayudante de una de las unidades, lo que generó alarma y temor entre los trabajadores del transporte. A raíz del ataque, los conductores determinaron no seguir operando hasta que se les garantice seguridad.
“Ya no aguantamos. Cada semana es pagar extorsión, y ahora hasta balazos. Hoy fue un ayudante, mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, declaró un transportista.
Claro está, que esta paralización ha afectado a cientos de hondureños que día a día usan el servicio de transporte púbico para movilizarse hasta sus trabajos, centros de estudio o cualquier otra actividad.
Debido a esto, muchos han utilizado el servicio de taxi colectivo, mototaxi o los denominados “Taxis VIP”, sin olvidar tampoco a aquellos que por falta de fondos debe caminar largas distancias para llegar a su destino.
En resumen, los transportistas que no reanudarán sus labores hasta que se garantice su integridad física y se tomen acciones contundentes contra las bandas criminales que los extorsionan.
La situación mantiene en vilo a los residentes de estas zonas, donde el transporte urbano es esencial para la vida diaria.
Aumento en casos de extorsión
Las pandillas más pequeñas están aumentando la extorsión en Honduras al llenar el vacío que dejaron los grupos más grandes tras su retirada estratégica de esta economía criminal. Al mismo tiempo, las autoridades están realizando menos arrestos por extorsión, lo que refleja una creciente impunidad frente a esta actividad criminal depredadora.
Durante 2024, más de 300.000 hogares reportaron haber pagado extorsión a uno o más grupos criminales en Honduras, según un nuevo informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una organización no gubernamental. El informe sitúa la tasa nacional de victimización en 11,6%, un aumento respecto al 9% registrado en 2022.
